Honrar la dignidad, desdeñar la ignominia

PÚBLICA Y REPÚBLICA: POR UNA MEMORIA QUE NO DEJE DORMIR A LOS QUE LA SILENCIAN


Las palabras se quedan en papel mojado cuando se habla de la universalidad de ciertos derechos. Cientos de frentes abiertos por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o Human Righ Watch demuestran que la Carta Internacional de los Derechos Humanos -que incluye los Pactos de Nueva York, de obligado cumplimiento para los países que los han firmado- no se está observando y su incumplimiento no genera responsabilidades para los gobiernos infractores.
En el caso español llama la atención que esta materia sea concebida por el Ejecutivo como un asunto a resolver más allá de las fronteras del país y englobado dentro de las cuestiones referidas a la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Así, la Oficina de Derechos Humanos depende del ministerio de Asuntos Exteriores, institución que contempla la promoción y defensa de estos derechos como “una de las prioridades de la política exterior del Gobierno”.
De este modo, las víctimas del franquismo quedan fuera de la dinámica institucional en esta materia. La explicación de esta circunstancia se remonta a la Ley de Amnistía de 1977 y al olvido impuesto, a través del silencio, en la Transición a la democracia. No reconocer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión inmediata a la finalización de la Guerra Civil supone dejar fuera del ordenamiento jurídico las demandas de las víctimas que padecieron estos delitos.
La ley 52/2007 de Memoria Histórica es un intento de que esta situación no sea tan obvia. Incluso sus preceptos están incluidos dentro del Plan de Derechos Humanos del Ejecutivo como parte de las acciones del Gobierno en política interior. Pero esta norma languidece y no da respuesta a las demandas de justicia universal verbalizadas por las víctimas desde hace años.
Los derechos humanos contemplan la lucha contra la desaparición forzada y, en España, la investigación del juez Baltasar Garzón documentó más de 113.000 casos que, mientras sigan sin resolverse y las familias no puedan recuperar sus cuerpos y esclarecer el delito, seguiremos suspendiendo esta asignatura cada 10 de diciembre.
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